La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito de Rhode Island por varias organizaciones comunitarias y laborales, incluyendo Dorcas International Institute of Rhode Island, Refugee Dream Center, Service Employees International Union (SEIU), United Auto Workers (UAW), African Communities Together (ACT), Partnership for the Advancement of New Americans (PANA), American Gateways y la Asociación de Venezolanos de Massachusetts (VAM).
La acción legal desafía nuevas políticas federales que, en la práctica, han paralizado partes clave del sistema de inmigración legal en Estados Unidos. Entre ellas se incluyen la suspensión nacional de decisiones sobre solicitudes de asilo, el congelamiento de beneficios migratorios para personas provenientes de ciertos países, la revisión generalizada de beneficios previamente aprobados y directrices que permiten considerar el país de origen como un factor negativo en decisiones migratorias.
Según la coalición, estas medidas han dejado a millones de personas en un limbo legal, impidiendo que solicitantes de asilo reciban protección, bloqueando la renovación de permisos de trabajo y poniendo en riesgo estatus migratorios previamente otorgados.
“La comunidad inmigrante no puede ser tratada de manera discriminatoria por su país de origen”, señaló la coalición en la demanda. “Estas políticas socavan principios fundamentales de justicia, debido proceso y equidad establecidos en la ley estadounidense”.
Para la Asociación de Venezolanos de Massachusetts, la demanda también refleja la creciente preocupación de muchas familias inmigrantes que hoy enfrentan incertidumbre sobre su estatus migratorio y su capacidad de trabajar y mantener a sus familias.
“La comunidad venezolana y otras comunidades inmigrantes contribuyen profundamente al tejido social, económico y cultural de este país”, señaló VAM. “Es fundamental que el sistema migratorio funcione conforme a la ley, garantizando procesos justos y acceso a los beneficios establecidos por el Congreso”.
La demanda alega que las políticas de USCIS violan la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y disposiciones constitucionales al suspender indefinidamente procesos migratorios y discriminar a solicitantes según su nacionalidad.
Las organizaciones demandantes están representadas legalmente por Democracy Forward, Lawyers’ Committee for Rhode Island, RAICES, Muslim Advocates y South Asian American Justice Collaborative.
El caso se titula Dorcas International Institute of Rhode Island et al. v. U.S. Citizenship and Immigration Services et al.
Asociación de Venezolanos en Massachusetts
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